Un tribunal federal con sede en la ciudad de México desestimo el martes el amparo promovido por la periodista mexicana Carmen Aristegui dentro del litigio que mantenía con la empresa de comunicaciones MVS por la recesión de su contrato laboral, así lo informo la misma comunicóloga en un comunicado. El tribunal Colegiado de tres miembros, cerro el caso y la posibilidad de defender judicialmente la libertad de expresión, dice la periodista en un comunicado puesto en su página Aristegui noticias.
En el comunicado publicado por en el portal de la comunicadora dice: El quinto tribunal colegiado en materia administrativa, a petición de MVS Radio, resolvió revocar la admisión de la demanda de amparo o planteada por Carmen Aristegui. Con esta resolución se pone fin a la batalla judicial que en defensa de la libertad de expresión inicio Aristegui en marzo pasado luego de ser cesada de su programa matutino Primera emisión por la radiodifusora señalada.
La decisión fue aprobada por unanimidad en el Quinto Tribunal Colegiado; ahora Aristegui deberá enfrentar una denuncia mercantil presentada por la empresa MVS, quien la acusa de haber usado sin permiso la marca o logotipo para un proyecto independe llamado “Mexicoleaks” un portal en donde varias organizaciones y medios de comunicación construyeron para que cualquier persona pueda llevar acabo denuncia ciudadana de forma anónima y una vez verificada la información, poder darla a conocer en los medios.
En un comunicado la periodista asegura que “quedan sin resolver cuestiones fundamentales que ya no podrán ser estudiadas por ninguna autoridad, tales como la independencia periodística, la libertad de información y el respeto a la diversidad de opiniones.”
Aristegui acuso de que su despido se debió a presiones de la admiración actual tras el reportaje que se realizó sobre la ya internacionalmente conocida “Casa Blanca” de la Lomas, la mansión construida por un contratista que trabaja para el gobierno en una serie de obras y propiedad de la ex actriz de Televisa Angélica Rivera. En dicho reportaje el equipo de investigación de Aristegui destapo que Grupo Higa, constructor de la mansión, se le habían otorgado contratos por parte de Enrique Peña Nieto, lo que el presidente negó rotundamente.
No obstante, la comunicóloga se sorprendió con dicha resolución, alegando que contradice jurisprudencia definida por la Suprema Corte de Justicia. Más de 25 profesionales de la comunicación perdieron un espacio para ejercer su profesión y los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información por quien explota un bien del dominio público de la nación”, aseveró.
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